Modificaciones a la Ley de Cultura en el ocaso de la LX Legislatura, virtudes y omisiones. Una invit
Hace unas semanas, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí convocó a unas “Mesas de Trabajo Para la Reforma de la Ley de Cultura”, que se realizarían entre el 1 y el 3 de julio. Desde el inicio esta convocatoria tenía algunas características preocupantes que expondremos a continuación.
En primer lugar, la convocatoria se difundió apenas un día antes de la realización de las mesas, lo que sin duda hacía imposible que los actores sociales que participan de este ramo pudieran realmente conocer de ella con el tiempo necesario para poder asistir; en segundo lugar, los que lograron asistir a la reunión llegaron con la incertidumbre de cuál era el objetivo de realizar dichas mesas, en realidad se trataba de una sola mesa en la que se presentó una “Iniciativa que propone abrogar la Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; para que en su lugar se establezca una nueva Ley de Cultura para el Estado y Municipios de San Luis Potosí”, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Crisógono Sánchez Lara y Jaén Castilla Jongitud (quien, dicho sea de paso, había pasado las semanas previas en trabajo de campaña como candidato para la Presidencia Municipal de la capital del estado), incluso los funcionarios de la Secretaría de Cultura, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Potosino de Bellas Artes que asistieron manifestaron desconocer la iniciativa; adicionalmente y en tercer lugar, los diputados postulantes de la Iniciativa ni siquiera se presentaron a la primera reunión, lo que hacía imposible un intercambio eficiente de información, además de que la Iniciativa se hizo pública en ese mismo momento, por lo que los asistentes no podían tener una idea clara de lo que representaba.
Por todo lo anterior, el pleno de los asistentes coincidieron todos en que no había condiciones para llevar a cabo un diálogo informado, desde el Congreso se compartió la iniciativa y se fueron con la promesa de entregar un diagnóstico que según se informó se había realizado para formular la Iniciativa. Dicho documento se envió días después, pero no se trataba de un diagnóstico (pues nunca demostraron haber realizado ningún diagnóstico), sino de un cuadro comparativo entre la ley vigente y la nueva propuesta de ley. La reunión continuó al día siguiente, esta vez con la presencia del diputado Castilla Jongitud, se manifestó cuáles eran las virtudes de la nueva ley que propone (el tercer día de las mesas no se llevó a cabo debido a que estaba programada una plenaria del Congreso en donde se eligió al ciudadano postulado por el Congreso, el tercero de tres, para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que también fue un asunto polémico y digno de atención de la ciudadanía que se ha discutido ampliamente en los medios).
Sobre la iniciativa, desconocemos la posición del diputado Sánchez Lara, quien ni siquiera se ha manifestado al respecto; sin embargo, el diputado Castilla Jongitud sí se ha manifestado, en días posteriores incluso participó en una mesa de debate en un canal de televisión local con artistas y gestores culturales en donde afirmó que está trabajando por que esta iniciativa se apruebe antes de que termine la Legislatura y en el mismo sentido se ha manifestado en diferentes medios desde entonces, teniendo una amplia difusión. Su actitud ha sido receptiva y abierta al diálogo ciertamente, pero afirmó también, en alguna de las muchas entrevistas que ha dado al respecto, que no se consultó a la sociedad para la construcción de esta Iniciativa porque, según su dicho, es imposible poder conocer lo expresado por todos los actores interesados en el tema, por la celeridad del trabajo legislativo; al parecer, el atender una campaña es una labor con mucho menos conflicto de tiempo que el atender a los ciudadanos para construir una iniciativa de ley. Luego discutiremos las obligaciones implícitas al cargo de diputado.
Gracias a que desde su oficina se ha compartido con todo aquel que lo ha solicitado la información sobre este asunto (es decir, la Iniciativa y el cuadro comparativo de ésta con la ley vigente) hoy podemos analizar la Iniciativa y ponderar las virtudes que el mismo diputado ha manifestado. En primer lugar hay que apuntar que no se trata de una ley nueva en realidad, sino de diversas modificaciones a la redacción de la ley vigente que incluye la ampliación de atributos de la ley, la integración en la misma del sector cultura y educación con otros sectores como lo son los relacionados con el turismo, la economía, el medio ambiente y el deporte, ello conlleva la integración de conceptos nuevos como “cultura de la paz”, “cultura física y deporte” y “preservación del medio ambiente”, y al mismo tiempo la Iniciativa propone dotar de nuevos atributos en esta materia a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Cultura, así como de atributos a otros organismos no vinculados en la ley vigente como son la Secretaría de Turismo, la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, así como la Secretaria del Medio Ambiente. Finalmente, hay que apuntarlo, también se corrige la redacción de algunas partes de la ley que contenían errores de redacción que hacían ambiguos algunos significados y atribuciones. En suma, y como lo ha expuesto el diputado, es una propuesta que busca armonizar la ley vigente.
Hasta este punto, la Iniciativa, como lo hemos expuesto muy ampliamente y sin sesgo alguno, tiene virtudes, sin embargo, haciendo un análisis cuidadoso de la misma, encontramos que las deficiencias más profundas de la ley vigente, que han sido manifestadas por muchos colectivos y organismos ciudadanos casi desde su aprobación en el año 2008, no han sido tomadas en cuenta para esta Iniciativa. Haciendo un recuento, desde el año 2011, primero un grupo de académicos, docentes de la UASLP y otras instituciones, se acercaron a la Secretaría de Cultura y al Congreso del Estado, manifestando que hacía falta una reglamentación de la Ley de Cultura para hacer efectivas algunas atribuciones ciudadanas contenidas en la misma, con la intención de que ciudadanía y organismos gubernamentales pudieran construirla. A esta solicitud la Secretaría de Cultura se mostró receptiva y se propuso hacer un diagnóstico para poder construir las reglamentaciones necesarias, sin embargo este trabajo que intentó ser realizado por los ciudadanos lamentablemente no se concluyó, pero los resultados preliminares que se obtuvieron pueden servir para terminarlo. Por su parte, desde el Congreso del Estado se manifestó que la realización de estas reglamentaciones era una obligación de las Secretarías y que el Congreso no tenía atribución alguna en ese sentido, por lo que se deslindaron de esa responsabilidad, quedando sin atención por parte del Congreso del Estado aquella solicitud ciudadana.
Más adelante, en el año 2012 cuando el presidente de la Comisión que presenta esta Iniciativa era Vito Lucas Gómez Hernández (actual Secretario de Educación de Gobierno del Estado) un grupo de creadores que entonces se denominaba Comunidad Artística Potosina se acercó al entonces diputado con preocupaciones similares, pero sobre todo relacionadas con la relación eficiente entre las dos secretarías que tienen atribuciones en la ley, la de Cultura y la de Educación, para que pudiera vincularse de alguna manera la educación artística con los creadores locales y así construir planes y programas que ayudaran la concientización de los educandos sobre los diferentes conceptos de cultura y que las materias artísticas no se impartieran, como se hace hasta ahora, como un mero complemento de otras materias que se consideran torales. En aquella ocasión Gómez Hernández aceptó desconocer el ramo de Cultura, dijo que la propuesta podría construirse, pero que no podía comprometerse a otra cosa más que vincular a este colectivo con la Secretaría de Educación, vínculo que nunca se dio, porque tras la primera reunión, el diputado no volvió a atender la propuesta ciudadana, una vez más.
Todo lo anterior se expone para evidenciar que muchos actores sociales se han acercado al Congreso del Estado en múltiples ocasiones con preocupación sobre la eficiencia de la Ley de Cultura y sobre los atributos de las secretarías vinculadas por ella a su aplicación. Adicionalmente, en diversos medios y en las redes sociales, muchos artistas, creadores, gestores e incluso algunos exfuncionarios se han manifestado de diversas formas sobre la toma de decisiones en el ramo, sobre la aplicación de recursos, el desarrollo de proyectos, o sobre la gestión en sí de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Podemos estar o no de acuerdo con estas manifestaciones, con las formas en las que se han expuesto, o con las motivaciones de las mismas, pero lo cierto e innegable es que muchos son los que públicamente se han acercado a las instituciones de gobierno con la intención de aportar sus posiciones sobre el particular, por lo que la afirmación del diputado Castilla Jongitud de que es imposible considerar las voces resulta por lo menos ingenua, ya que son los propios ciudadanos los que han buscado estos diálogos, y además, los diputados tienen como función sustantiva y democrática llevar a la mesa las manifestaciones ciudadanas: el propio concepto de diputado incluye esta obligación.
Pero más allá de eso, lo aquí expuesto evidencia que asuntos fundamentales como lo son la educación artística, la vinculación de creadores, gestores y empresas culturales a los programas de gobierno, la transparencia en la designación de los recursos y la rendición de cuentas de las autoridades, son asuntos que interesan a la ciudadanía y la iniciativa presentada no los considera, a pesar de que han estado en su mesa desde antes de que iniciara la Legislatura que está por terminar, por lo que resulta evidente que la Iniciativa no cumple con el objetivo de armonizar al ley para hacer más eficiente su aplicación, como lo ha manifestado el diputado, porque ni siquiera considera los asuntos fundamentales que los actores del ramo conocen y han compartido con el Congreso del Estado (seguramente el diputado Castilla Jongitud no conocía de todo lo aquí expuesto, lo comprendemos, pero si así fuere, eso sólo evidenciaría la dinámica de desvinculación con el ciudadano que existe en el Congreso).
Aún más, si leemos en la Iniciativa lo relacionado con los conceptos de “cultura de la paz”, “cultura física y deporte” y “preservación del medio ambiente”, es evidente que la Iniciativa cae en una confusión de términos sobre el concepto de cultura, pues estos términos lo reducen a una mera definición como práctica social. Exponer lo errado de estos conceptos nos llevaría varias páginas más, y este texto ya es bastante extenso, baste aquí decir que esos temas no parecen pertinentes en una ley de este tipo, el término “cultura” no debe referirse a prácticas sociales, sino al conjunto complejo de manifestaciones materiales e inmateriales que configuran la cosmovisión y la ideología de un colectivo social, pero en la Iniciativa pareciera que como “cultura” se puede entrar cualquier cosa, faltó solamente llegar al extremo de hablar de “cultura de la higiene”, “cultura del vestir” o “cultura de las horas de sueño”, francamente, el desconocimiento que implica la inclusión de estos términos (que no de los temas, sólo de cómo fueron expuestos), resulta alarmante.
Podríamos extendernos aún más, pero lo hasta aquí expuesto demuestra con bastante claridad que la Iniciativa del diputado Castilla Jongitud (y supuestamente de Sánchez Lara también) carece de las virtudes suficientes para convertirse en una ley, por lo que la celeridad que el diputado le quiere dar a su aprobación, más bien parece que responde a motivaciones políticas, como la de mejorar sus índices en cuanto a iniciativas aprobadas y no a una verdadera preocupación por el ramo de cultura en el estado. Esta ley, de ser aprobada, mantendría las ineficiencias de la vigente y ningún beneficio verdadero a la ciudadanía, pues implica un profundo desconocimiento del medio, de los conceptos y es una muestra más de la distancia abismal que el Congreso guarda para con los ciudadanos a quienes debería de representar. Por eso aquí concluimos con una invitación.
Como el diputado Castilla Jongitud pudo ver, hay una cantidad extensa de creadores, gestores y empresas culturales, así como de autoridades gubernamentales interesadas en discutir el tema y en construir una ley verdaderamente armónica que beneficie a la sociedad, ya que estos actores ya nos hemos acercado al Congreso, ¿por qué no iniciar una construcción verdaderamente democrática de una nueva Ley de Cultura? Con los interesados se puede hacer un diagnóstico verdadero, se pueden buscar expertos que nos asesoren con recursos del Congreso en la construcción de los conceptos y junto con los asesores de la Comisión comenzar una redacción nueva, de una ley incluyente, acompañada por autoridades y ciudadanos. Es decir, construir una ley desde una verdadera democracia. Ésa es la invitación que aquí hacemos.
Sabemos que los diputados terminarán sus funciones pronto, y que los funcionarios aún no tienen certeza de si continuarán o no en sus funciones, pero disculpen, la vida no puede reducirse a tiempos políticos y esta construcción puede hacerse y heredarse a los diputados que entrarán al cargo en unos meses y continuar sus labores con la siguiente Legislatura, así como con los funcionarios nuevos; eso demostraría una verdadera institucionalidad y una madurez política que hacen mucha falta en nuestro estado, y más allá de posicionamientos, fortalecería a la democracia y ese legado político indudablemente será mejor y más alto que la aprobación de una ley ineficiente.
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